Waoranis serán juzgados
con ‘normas interculturales’
Javier Ortega.
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7 de agosto de 2014
La resolución fue unánime. No hubo voto salvado. En el documento -de más de 30 páginas- la Corte Constitucional (CC) recomienda que se juzgue a los 17 waorani bajo los principios de interculturalidad. Los indígenas son indagados por la matanza de un clan Taromenane.
Así lo dio a conocer anoche Antonio Gagliardo, integrante de la CC, en una entrevista vía telefónica con EL COMERCIO.
La decisión de ese organismo se da 15 días después de que el juez segundo de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, retomara el proceso en contra de los 17 indígenas. Ese juicio estaba suspendido mientras la CC decidía el caso.
Gagliardo precisó que la sentencia será una guía para que Guerrero desarrolle el juicio.
La CC analizó ayer si procedía o no juzgar a los waorani bajo normas ordinarias o bajo la jurisdicción indígena.
En la resolución -dijo Gagliardo- la CC recomienda al juez de Orellana tomar en cuenta convenios y sentencias internacionales relacionadas con el delito de genocidio.
Esto, porque los 17 indígenas investigados -actualmente solo hay cinco detenidos- son juzgados por ese delito. De acuerdo con el vigente Código Penal, la pena por esa infracción es de 16 a 25 años de cárcel.
Guerrero tiene la última palabra para determinar cuál es el tipo penal aplicable en este caso: genocidio, asesinato u otra figura, señaló Gagliardo.
El integrante de la CC agregó que también se pide peritajes técnicos, sobre todo, de carácter sociológico y antropológico para analizar la conducta de los procesados. “Se tiene que tomar en cuenta su cosmovisión, su realidad social. No solo desde el punto de vista occidental. Nuestra Constitución establece que estamos en un Estado intercultural”.
Por su parte, Fausto Corral, defensor público de los waorani, señaló que este caso debe entenderse como una guerra histórica entre la nacionalidad waorani y el pueblo Taromenane.
En junio pasado, la Defensoría Pública propuso tres alternativas para juzgar la matanza: que la justicia ordinaria decline la competencia y se trate el ataque como un conflicto interno dentro de la justicia indígena; que la pena sea atenuada con base en una interpretación intercultural del caso o una tercera salida sería una negociación entre la Corte Constitucional y la nacionalidad del pueblo waorani.
La matanza del clan Taromenane, el 30 de marzo del 2013, fue perpetrada por un grupo wao en venganza por lo ocurrido tres semanas antes con los ancianos Ompure y su esposa Buganey, quienes fueron lanceados cerca de Yarentaro por indígenas de los pueblos no contactados.
En el ataque a los taromenane, los waorani se llevaron a dos niñas. Una se encuentra en Dicaro, en la casa de uno de los hijos de Ompure. La otra fue llevaba a otra comunidad.
En enero pasado, representantes de los waorani pidieron a la Defensoría Pública la protección para los 17 indígenas investigados. Ese día, Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani del Ecuador manifestó que era indispensable que los detenidos fueran liberados y se los someta a las sanciones que les impone la justicia indígena. “Para nosotros es difícil salir de la selva e ir a la cárcel. No estamos acostumbrados a esa comida ni a estar encerrados, ahí adentro se van a morir”.
Ayer, Jorge Yeti, dirigente indígena, llegó a la Corte Constitucional e hizo el mismo pedido: que los jueces ordenen la libertad del grupo.
Actualmente, los 17 procesados tienen orden de prisión vigente. Siete de ellos fueron detenidos, pero la noche del 14 de junio pasado la Policía Nacional reportó la fuga de tres sospechosos de la centro de rehabilitación social de Orellana. Uno de ellos fue recapturado.
El fiscal general, Galo Chiriboga, ha dicho que la Constitución es clara sobre los límites de la justicia indígena. “Aquí estamos ante un delito contra la vida y eso no debe discutirse”, sostuvo en junio pasado cuando fue llamado a una audiencia en la CC. Según el funcionario, el ataque a los Taromenane no puede entenderse como “ritualidad tradicional”, pues aseveró que en la matanza se habrían utilizado armas de fuego.
Anoche, durante la entrevista, Gagliardo sostuvo que sesionaron “muchas horas” y consideró la resolución de la Corte Constitucional como un hito jurídico e histórico.
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