Ecuador tendría sanciones
por la matanza taromenane
Domingo 07/04/2013
Proteger la vida y la integridad personal de los pueblos tagaeri y taromenane que habitan en la Amazonía. Esa es la principal responsabilidad internacional que se dispuso al Estado ecuatoriano la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2006. Sin embargo, más de 30 taromenane habrían muerto tras un ataque huaorani, ocurrido el pasado 29 de marzo.
Ese número de víctimas lo confirmó Cayetipe Yeti, principal dirigente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE), luego de haber conversado con quienes habrían participado en el ataque. Alejandro Ponce, abogado experto en derechos humanos, aseguró que "está claro que el Estado es plenamente responsable ya que no cumplió con responsabilizar la vida (de los taromenane)". El jurista indicó que si el caso avanza a la CIDH se determinaría la responsabilidad del Estado. Se tendría como antecedente el pedido de medidas cautelares que se presentó en el 2006 ante este organismo. "En Derecho Internacional no hay sanciones, sino una mecanismos reparar.
Eso implicaría una suspensión indefinida de toda actividad en la zona donde se considera viven los pueblos no contactados. Además que salgan las petroleras, madereros y todos quienes están invadiendo el territorio de los no contactados".
En la actualidad, hay indicios de al menos cuatro casas y chacras de pueblos aislados en el Parque Nacional Yasuní, Territorio Huaorani, Zona Intangible y alrededores, Esto se determinó mediante diversos monitoreos del antiguo Programa de Reparación Ambiental Social (PRAS), del Ministerio del Ambiente, y del actual Plan de Medidas Cautelares, de Justicia.
Ponce insiste que el Estado ecuatoriano debe garantizar la integridad del territorio de los pueblos no contactado. "Pero no lo ha cumplido. Más bien está protegiendo a madereros y petroleros. Se protege primero al capital y luego a la persona". Justificó esa afirmación en que casi siete años no se han tomado las medidas para proteger a los taromenane y tagaeri. A tal punto que los enfrentamientos entre no contactados y huaorani, además de ataques a campesinos no se han frenado.
24 días antes de la matanza al clan taromenane, el guerrero huaorani Ompore Omeway y su esposa Buganei Cayga fallecieron durante un ataque con lanzas, presuntamente, de un grupo aislado. El misionero capuchino Miguel Ángel Cavodevilla contó que Ompore había advertido que su vida estaba en peligro. Recordó que desde noviembre del 2012, el guerrero-cazador huaorani estaba preocupado, ante posibles fricciones con un grupo no contactado. Él vivía solo en una casa que armó en el bosque, a más de dos horas de Yarentaro, donde habita su familia.
Luego de la muerte de Ompore también hubo rumores cada vez más fuertes de que un grupo huaorani preparaba una 'venganza', incluso que se aprovisionaba de armas y que efectuaba incursiones en la selva. Mario Merlo, catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar, consideró que sí surtieron efecto las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en el 2006. "Provocó bastante impacto, porque un año después el Estado ecuatoriano generó una política nacional de pueblos de aislamiento voluntario. A partir de eso estableció un plan para el cumplimiento de las medidas cautelares que estuvo a cargo del Ministerio del Ambiente". El experto aseguró que gracias a este plan, los pueblos en aislamiento tuvieron por primera vez una política pública. "Es decir, hubo actividad del Estado tendiente a la protección de sus territorios". Además se delimitó el territorio, se establecieron puntos de control, se incorporó en la Constitución un artículo que se refiere exclusivamente a la protección de estos pueblos. Pero Merlo enfatizó que "se ve que la actividad del Estado no ha sido suficiente para cumplir lo que pide la CIDH de garantizar la vida y la integridad de estos pueblos".
Tras la última matanza a un grupo taromenane, ha sido evidente también que esa deficiencia. Durante estos días, por ejemplo, no hubo una suficiente coordinación con las diferentes instancias para asumir acciones concretas. Medidas de protección El Estado ecuatoriano, mediante Decreto Ejecutivo 552, creó la Zona Intangible, dentro del Parque Yasuní, 1999. Esto para proteger a los pueblos aislados.
10 de mayo del 2006, la CIDH otorgó medidas cautelares a los pueblos no contactados de la Amazonía ecuatoriana. En diciembre del 2012, Naciones Unidas entregó las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial.
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